El sindicato Mats pide a la Fiscalía General que investigue la rebaja de prioridad de 57 pacientes en el Hospital Ramón y Cajal. También denuncia ante el Defensor del Pueblo las cláusulas de confidencialidad que se obliga a firmar a los sanitarios.
El Movimiento Asambleario de Trabajadoras/es de Sanidad (Mats) ha presentado un escrito ante la Fiscalía General para que se investiguen las presuntas irregularidades en la lista de espera quirúrgica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. El sindicato solicita que se incoen diligencias por un presunto delito de prevaricación administrativa, según ha podido saber Europa Press.
El escrito se centra en la modificación de la prioridad de 57 pacientes en la lista de espera quirúrgica de ese centro. En concreto, se rebajó su prioridad de preferente, con un máximo de 90 días de espera, a normal, cuyo plazo es de 180 días, lo que según el sindicato supone un perjuicio asistencial.
Mats señala como responsables al director gerente del hospital, Carlos Mingo; al director médico, Rafael Martínez, y al jefe del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Basilio de la Torre. El sindicato sostiene que la respuesta de la Consejería de Sanidad ha consistido en "desprestigiar" al denunciante de las irregularidades, el doctor Luis Alberto Martos.
Se trata de disuadir y limitar derechos fundamentales de la persona trabajadora
De forma paralela, Mats ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por los Compromisos de Confidencialidad y Deber de Secreto que, según remarca, "se obliga a firmar" a los profesionales en varios hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. El sindicato considera que la medida tiene "un marcado carácter coercitivo".
La queja menciona expresamente el Hospital Universitario Dr. Rodríguez Lafora, el Hospital Universitario de Getafe y el Infanta Leonor de Vallecas. A juicio de Mats, con esta firma se trata de disuadir y limitar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de protesta, que puede ejercerse poniendo en conocimiento de las autoridades competentes irregularidades cometidas en el propio centro hospitalario.
El sindicato califica la medida como "una estrategia de ocultación de las posibles irregularidades y amedrentamiento de los/as profesionales", en especial de los que empiezan a trabajar o tienen contrato temporal.
Las dos actuaciones siguen ahora cauces distintos: la Fiscalía General decidirá si abre diligencias de investigación sobre la lista de espera del Ramón y Cajal, mientras que el Defensor del Pueblo estudiará la queja sobre las cláusulas de confidencialidad en los tres hospitales citados.
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