La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) acusa a la Consejería de Educación de imponer los servicios mínimos en los centros educativos sin negociación. El sindicato lamenta además el uso político de las movilizaciones docentes.
Según publica diariosigloxxi.com, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) critica la imposición de los servicios mínimos en los centros educativos de la Comunidad de Madrid y lamenta que las movilizaciones del profesorado se utilicen con fines políticos.
El sindicato responde a la reunión que la Consejería de Educación mantuvo el viernes con los sindicatos para actualizar esos servicios mínimos. El borrador, presentado el jueves por la consejera Mercedes Zarzalejo, mantiene las dotaciones vigentes: un maestro por cada 50 escolares en los colegios y un profesor por cada 90 estudiantes en Secundaria y en FP de grado básico.
CSIF sostiene en un comunicado que no se ha dialogado y que los servicios mínimos «han sido impuestos por el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso, sin una negociación efectiva». El sindicato añade que el borrador incorpora nuevas obligaciones que, a su juicio, vulneran el derecho de huelga.
¿Cómo se justifica aumentar los servicios mínimos cuando la propia Consejería de Educación afirma que el seguimiento de la huelga es únicamente del 3%?
Entre las novedades, se fija un servicio mínimo reforzado en Bachillerato, FP de grado medio y superior y cursos de especialización, con un profesor por cada 70 alumnos. Hasta ahora, a estas enseñanzas se aplicaban las dotaciones de Secundaria.
En 2.º de Bachillerato, los docentes que impartan materias evaluables en la PAU, como Lengua o Inglés, deberán cubrir al menos el 50% de las horas lectivas semanales de esas asignaturas. Ese porcentaje subirá hasta el 90% a medida que se acerque la prueba. En el último curso de cada etapa, la orden prevé un docente adicional por cada tres grupos.
CSIF exige que la reducción de los servicios mínimos, especialmente en los paros parciales, se ajuste a «los principios de proporcionalidad establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo». El sindicato considera que estas medidas «parecen responder más a una estrategia política» que a las necesidades del sistema educativo.
Desde CNT, en declaraciones a los medios, sostienen que los servicios mínimos deben garantizar «las necesidades esenciales, no mantener la actividad docente ordinaria». El sindicato censura también el establecimiento de un servicio mínimo del 90% en Bachillerato.
CSIF reclama para el profesorado «mejores salarios, menos horas lectivas, reducción de ratios, más recursos y unas condiciones laborales dignas». El sindicato pide además «una negociación real y respeto al derecho de huelga».
La educación pública necesita soluciones, no estrategias electorales.





