La Comunidad de Madrid registró 18.221 interrupciones voluntarias del embarazo en 2025, de las que solo 92 se realizaron en hospitales públicos. Únicamente una fue por método quirúrgico, según el informe epidemiológico autonómico.
El Ministerio de Sanidad anunció este lunes que impulsará la incorporación del aborto farmacológico a la cartera de servicios de Atención Primaria, una medida que ha vuelto a poner el foco en las diferencias entre comunidades autónomas. En la Comunidad de Madrid, los datos de 2025 reflejan que la prestación sigue dependiendo casi por completo de clínicas concertadas: de las 18.221 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) practicadas a residentes, solo 92 tuvieron lugar en hospitales públicos, según el informe epidemiológico autonómico publicado en agosto y recogido por publico.es.
Las otras 18.129 se realizaron en centros acreditados con financiación pública. La proporción sitúa la actividad en la red pública en torno al 0,5% del total, mientras que el 99,5% restante se concentra en clínicas acreditadas. De esas 92 intervenciones en hospitales públicos, solo una se practicó mediante método quirúrgico o instrumental, pese a que este procedimiento fue el empleado en el 93,9% de las IVEs realizadas a residentes madrileñas durante el año.
El aborto es un derecho, pero Ayuso se lo salta a la torera. La libertad de la que tanto alardea es solo para ella. Las madrileñas deberían poder abortar en la sanidad pública y, sin embargo, un año más, el número de abortos que se realizan en los hospitales es irrisorio", ha criticado Lorena Morales, portavoz de Mujer del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid y secretaria de Igualdad del PSOE-M.
Morales ha añadido que, si a esto se suma que "a las clínicas acreditadas las tienen en unas condiciones de verdadera asfixia", el objetivo que atribuye al Ejecutivo autonómico es que las mujeres "no podamos abortar ni en la pública ni en las clínicas acreditadas para que nos tengamos que ir a abortar a otra parte".
El Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, ha anunciado que modificará el real decreto que regula la autorización de centros sanitarios para adaptar los requisitos de la prestación a los centros de salud. También iniciará los trámites para modificar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los fármacos empleados en la interrupción del embarazo, y permitir su uso fuera del ámbito exclusivamente hospitalario. Además, actualizará la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud para incorporar expresamente esta atención.
La reforma de la ley del aborto de 2023, impulsada por el Ministerio de Igualdad, reforzó las obligaciones de los servicios públicos. La norma establece que las mujeres deben recibir información sobre los dos métodos existentes, el quirúrgico y el farmacológico, y sobre los centros públicos y acreditados a los que pueden acudir. En Madrid, el 72,8% de las IVEs realizadas a residentes en 2025 contó con financiación pública, un porcentaje similar al de 2024 (72,9%).
La tendencia se mantiene estable desde hace años. Entre 2017 y 2020, el porcentaje de abortos con financiación pública rondó el 75%; bajó al 71,8% en 2021 y al 70,8% en 2022, y desde entonces se sitúa en torno al 72% (72,5% en 2023, 72,9% en 2024 y 72,8% en 2025). Esto indica que la mayoría de las intervenciones no son costeadas directamente por las mujeres, pero se realizan mayoritariamente fuera de los hospitales públicos.
Otro dato del informe señala que el 49,1% de las mujeres que abortaron en 2025 recibió por primera vez información sobre las posibilidades, condiciones y financiación de la IVE en un centro sanitario público, frente al 8,2% que la obtuvo inicialmente en un centro concertado o privado.
El anuncio ministerial coincide con el Día Internacional del Aborto Seguro, que se conmemoró este lunes. La modificación normativa que plantea Sanidad afectaría a los requisitos de autorización de los centros de Atención Primaria para poder dispensar el método farmacológico, lo que podría cambiar el circuito asistencial en comunidades como Madrid, donde la práctica totalidad de las IVEs se derivan a clínicas acreditadas.
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