El PP y Vox rechazan la enmienda a la totalidad del PSOE y el proyecto de Ley de la Abogacía General sigue su curso en la Asamblea. La norma fija que el Abogado General sea letrado regional con una década de experiencia.
La Asamblea de Madrid ha rechazado la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE al Proyecto de Ley de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, con los votos de PP y Vox. La norma continúa así su tramitación parlamentaria, según ha podido saber La Razón.
El texto introduce como requisito que el Abogado General pertenezca al Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid y acredite al menos diez años de experiencia profesional. La reforma busca reorganizar los servicios jurídicos autonómicos y separar el asesoramiento jurídico de la defensa en litigios.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, defendió la iniciativa ante el pleno y detalló la carga de trabajo actual: la Abogacía regional responde más de 8.000 consultas al año, tanto de ayuntamientos como de la propia Administración autonómica, y participa en 14.500 pleitos. En total, más de 22.500 asuntos anuales.
García Martín añadió que estos servicios dan cobertura a más de un centenar de municipios y a once mancomunidades, con el objetivo de que puedan resolver sus cuestiones jurídicas con seguridad.
Una Abogacía que en este momento está realizando más de 8.000 contestaciones a consultas, que le realizamos tanto los ayuntamientos como la propia administración de la Comunidad de Madrid, y 14.500 pleitos en los que interviene. Estamos hablando de más de 22.500 asuntos tratados solo al año
El consejero también marcó distancia respecto a la Abogacía General del Estado y afirmó que no convertirán la regional en un instrumento al servicio de «los intereses de su familia o de su partido».
Por parte de Vox, su portavoz adjunto, Íñigo Henríquez de Luna, respaldó la necesidad de actualizar la ley, pero criticó que la Comunidad impulse una norma contra la hiperregulación mientras acumula una «hipertrofia legislativa». En su intervención, subrayó que los servicios jurídicos de cualquier administración son esenciales porque velan por el respeto al ordenamiento jurídico y garantizan que las competencias se ejerzan dentro del marco legal.
Con la enmienda a la totalidad rechazada, el proyecto sigue su curso en la Asamblea, donde continuará el debate en comisión antes de su aprobación definitiva.
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