El fiscal sostiene que los hechos «no son constitutivos de infracción penal» y pide la absolución de Begoña Gómez y de Cristina Álvarez por malversación y tráfico de influencias. Solo la acusación popular, coordinada por Hazte Oír, reclama condenas de 13 y 6 años de cárcel.
La Fiscalía ha solicitado la absolución de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y de su asesora, Cristina Álvarez, de los delitos de malversación y tráfico de influencias por los que se sentarán en el banquillo ante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid, en una fecha todavía sin fijar.
En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal afirma que «sin delito no hay autor» y mantiene la postura que ha defendido desde el inicio del procedimiento: «los hechos narrados no son constitutivos de infracción penal». La información, avanzada por Infobae, recoge que el ministerio público pide la libre absolución de ambas acusadas.
Sin delito no hay autor», sostiene el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales.
El juicio con jurado llega después de que el juez Juan Carlos Peinado, a las puertas de su jubilación, enviara a juicio a las dos investigadas. La causa arrancó en abril de 2024 con una denuncia de la organización Manos Limpias.
La única acusación que reclama condena es la popular, coordinada por Hazte Oír: pide 13 años de cárcel para Begoña Gómez y 6 años para Cristina Álvarez. Los hechos giran en torno al papel de Gómez como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el software creado en su seno y el trabajo de su asesora, pagada con fondos públicos.
El fiscal repasa la trayectoria profesional de Gómez en la empresa antes de que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa y subraya que percibió «0 euros» por su «actividad no retribuida» al frente de la cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la UCM. Esa cátedra nació tras una reunión en Moncloa en julio de 2020, a iniciativa de Gómez, con el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, «con la universidad cerrada por la pandemia».
Para el ministerio público se cumplió la normativa para crear la cátedra, una figura regulada que busca atraer inversión privada y para la que «no es preciso título universitario o profesional».
En el marco de la cátedra se contempló impulsar una plataforma tecnológica o software para medir el impacto social, en la que participaron empresas como Indra, que aportó equipo y personal por valor de 128.442,37 euros; Telefónica, con 55.000 euros, y Google, con 40.000 euros, entre otras. La Fiscalía señala que no consta que el programa se haya implementado ni registrado como propiedad intelectual de la universidad, y añade que las acusadas no se beneficiaron económicamente ni la UCM sufrió perjuicio patrimonial.
El escrito también indica que Gómez colaboró con la universidad en distintas actividades y másteres entre 2012 y 2024, por los que cobró un total de 39.170 euros.
Sobre Cristina Álvarez, el fiscal no ve delito en su trabajo como asesora de Begoña Gómez desde 2018, un puesto de confianza y de personal eventual adscrito a Presidencia del Gobierno que ha existido para las cónyuges de presidentes «en todos los gobiernos de la etapa democrática». Su nombramiento, añade, siguió los cauces legales y sus funciones, «con una disponibilidad permanente», incluyen gestión de agenda, preparación de reuniones, visitas y eventos, además de contactos puntuales con personas de la UCM, patrocinadores o entidades, figurando en copia de correos. Una actividad que, concluye, no ha causado «ningún tipo de menoscabo o detrimento para el patrimonio y recursos públicos».
El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Madrid y la fecha está pendiente de señalamiento por la Sala.
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