La Policía Judicial francesa remite al juzgado de Madrid los datos de la empresa Invoxia que confirman que una baliza sin autorización judicial estuvo en la Comandancia de Tres Cantos. La investigación encara su recta final.
La Policía Judicial francesa ha entregado al Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid la información que faltaba para cerrar el círculo sobre los seis guardias civiles del grupo que en 2020 atribuyó al Gobierno la propagación de la Covid-19. Los datos, a los que ha tenido acceso elDiario.es, confirman que una de las balizas de seguimiento colocadas sin autorización judicial en un caso de narcotráfico estuvo activa en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos y en el domicilio de uno de los agentes imputados.
La respuesta de Francia a la Orden Europea de Investigación incluye los registros de la empresa Invoxia, con sede en el país vecino. Según esa documentación, un cliente apodado «Paulaner» activó el dispositivo el 4 de febrero de 2023 a las 21.21.56. El aparato se instaló en una motocicleta y su señal de ubicación se actualizaba cada cinco minutos.
El lugar y la hora de la activación coinciden con el domicilio del guardia civil que actuó como secretario en las actuaciones del caso de narcotráfico investigado. Después, la baliza se geolocaliza en la Comandancia de Tres Cantos, sede del Grupo de Delitos Económicos al que pertenecen los imputados, según ha constatado la defensa del denunciante.
En esa sede, el dispositivo registró 54 posicionamientos, de los cuales 43 se produjeron dentro de las parcelas de la propia Comandancia. Ocurrió en 14 fechas comprendidas entre el 6 de febrero y el 28 de marzo de 2023, el mismo periodo en el que se desarrollaron los hechos investigados.
La información contiene todo el uso de la baliza, colocada en una motocicleta y cuya señal de ubicación se actualizaba cada 5 minutos
Los seis agentes investigados forman parte del grupo que en 2020 firmó los atestados de la llamada Operación Sanitario. Aquellos informes sirvieron para imputar al entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y para apuntar a varios ministros y al epidemiólogo Fernando Simón. La jueza Carmen Rodríguez-Medel había elegido a ese grupo como policía judicial y después archivó la causa por la escasa fiabilidad de los informes.
Los mismos guardias civiles actuaron más tarde a las órdenes del juez Santiago Pedraz en el caso Águila-Frozen contra una red de narcotraficantes. Durante esa causa, la defensa de uno de los investigados aportó la grabación de una mujer en la que un agente confesaba los métodos ilegales del grupo. Pedraz abrió una pieza separada, imputó al brigada y amplió la investigación a otros cinco guardias civiles.
La Policía Nacional, a través de la Operación Bali 23, identificó el locutorio donde se compraron dos tarjetas telefónicas con un DNI perdido por su dueño. Los agentes encontraron las balizas en un Audi A3 y una moto Kawasaki Ninja. El dispositivo de la moto, oculto, era de la marca Invoxia, la misma que ahora ha facilitado los datos al juzgado madrileño.
Los seis guardias civiles están investigados desde hace dos años por un delito contra la intimidad. Prestaron declaración asistidos por un abogado particular después de que la Abogacía del Estado renunciara a ejercer su defensa, siguiendo la recomendación de la Dirección General de la Guardia Civil. Fuentes del caso sitúan la investigación en su tramo final, a la espera de que la magistrada dicte el auto de fin de instrucción y proponga juzgarlos.
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