Un dispositivo de 400 agentes ha desalojado la acampada de la Puerta del Sol de Madrid, con 334 personas desalojadas y dos detenciones.
La Policía Nacional y la Policía municipal de Madrid han desalojado este martes, de madrugada, la acampada instalada en la Puerta del Sol, según recoge laciutat.cat. La protesta comenzó el 26 de septiembre, tras una manifestación por la vivienda.
La Delegación del Gobierno en Madrid asegura que la actuación se desarrolló sin disturbios ni episodios de violencia. El dispositivo acabó con 334 personas desalojadas y dos detenciones por desobediencia y resistencia.
El operativo contó con 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía municipal de Madrid, además de bomberos y servicios sociales.
El movimiento Acampada26s considera que la intervención fue violenta y afirma que varias personas resultaron heridas por golpes y por el uso de gas pimienta.
El lunes anterior, los acampados leyeron un manifiesto de apoyo a la huelga general y para extender la protesta a los barrios. Aseguraron que mantenían la acampada, sin precisar hasta cuándo.
La Delegación explica que, desde el inicio, aplicó el régimen propio del derecho fundamental de reunión y pidió a la Jefatura Superior de Policía de Madrid que garantizara su ejercicio pacífico. También priorizó la interlocución y la retirada voluntaria de las instalaciones.
El 26 de octubre, la Delegación envió un escrito en el que consideraba que los acampados habían tenido tiempo razonable para exponer sus reivindicaciones y que podría ser legítimo poner fin a la acampada. El 29 de octubre remitió un segundo escrito que exigía desmantelarla a la mayor brevedad. Según el organismo, al día siguiente los interlocutores disolvieron las comisiones que organizaban la acampada, aunque quedaban algunas personas.
La Jefatura Superior de Policía de Madrid comunicó a la Delegación hechos presuntamente delictivos e incidentes en el interior o en el entorno de la acampada. La Delegación justifica el desalojo en un comunicado:
La evolución de las circunstancias, la persistencia de las instalaciones a pesar de las comunicaciones hechas, las alteraciones del orden público comunicadas y el peligro concreto para las personas y los bienes determinaron la necesidad de proceder al desalojo y al desmontaje como último recurso.
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