Maricarmen, vecina de 87 años del barrio de Retiro, se enfrenta este miércoles a las 7:30 horas a su cuarto intento de desahucio en la calle Alcalde Sainz de Baranda, 46, tras décadas de litigio con la propiedad.
Maricarmen, vecina de 87 años del barrio de Retiro, se enfrenta este miércoles, 23 de abril, a las 7:30 horas, a su cuarto intento de desahucio de la vivienda que ocupa desde hace más de 70 años, en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda. El lanzamiento estaba previsto para esa hora, según ha podido saber La Razón.
El origen del conflicto se remonta a 1956, cuando el padre de Maricarmen firmó un contrato de arrendamiento. Tras su fallecimiento, el contrato se subrogó en su esposa y después en Maricarmen, con una renta actualizada anualmente según el IPC más gastos como el IBI. Es un contrato de los conocidos como de renta antigua.
La mujer, con una discapacidad del 50%, logró que los tribunales le dieran la razón en primera instancia, pero finalmente el Tribunal Supremo falló a favor del inversor. La propiedad del edificio pasó en 2018 a Urbagestión, empresa que, según denuncian los colectivos de apoyo, intentó incrementar el alquiler de la inquilina en un 275%.
Maricarmen está cansada pero tiene fuerzas para seguir adelante», apuntan desde el Sindicato de Inquilinas.
Esta organización asegura haber trasladado a las administraciones propuestas para resolver el conflicto, como la adquisición pública de la vivienda o reformas legislativas que refuercen la estabilidad de los contratos de alquiler, sin haber recibido respuesta. Sostiene que ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad de Madrid, ni el Gobierno central han ofrecido una alternativa habitacional a Maricarmen, más allá de una residencia privada con un coste superior a 1.200 euros, «una barbaridad» para su pensión. También recuerda que Naciones Unidas ha requerido al Estado español que adopte medidas para evitar el desahucio y garantice una solución habitacional adecuada.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha urgido al Ayuntamiento y a la Comunidad a intervenir ante el desahucio y ha respaldado el requerimiento de la ONU para suspender cautelarmente el desalojo. Critica al Consistorio por no haberse pronunciado sobre la situación de vulnerabilidad de la mujer «pese a tener desde hace meses una solicitud sobre la mesa», y a la Comunidad por no ofrecer una alternativa habitacional o concederle un complemento de rentas para asumir el alquiler.
Fuentes municipales responden que los servicios sociales del Ayuntamiento mantienen un seguimiento continuo de su situación: «El Ministerio de Vivienda miente. Los servicios sociales municipales emitieron el correspondiente informe de vulnerabilidad en octubre de 2025 a petición del juzgado». Añaden que la afectada es usuaria de prestaciones sociales municipales, como el servicio de ayuda a domicilio, y que se le han ofrecido «diferentes recursos de alojamiento», aunque «ha manifestado expresamente su rechazo cuando se le ha ofrecido plaza».
Samur Social acudirá al lanzamiento y, de producirse, las mismas fuentes apuntan a que «se le volverá a ofrecer atención en el marco de la emergencia social».
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