La presidenta de la Comunidad de Madrid sostiene que el desalojo lo ejecutó la Policía Nacional por orden judicial y responsabiliza al Ejecutivo central de no haber cambiado la ley en ocho años.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado cualquier responsabilidad de su Ejecutivo en el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo desalojo ha provocado protestas en la capital. Lo ha hecho durante su intervención ante el Círculo de Empresarios de Madrid, donde ha atribuido la actuación al Gobierno de Pedro Sánchez, según recoge Noticias para Municipios.
Ayuso ha recordado que fue la Policía Nacional la que ejecutó el desalojo en cumplimiento de una orden judicial y ha subrayado que «no es una decisión nuestra». A su juicio, lo ocurrido deriva de unas leyes que el Ejecutivo central y sus socios han tenido ocho años para modificar sin hacerlo.
Para contextualizar el caso, la presidenta ha situado el desahucio de Maricarmen entre los alrededor de 25.500 que, según ha dicho, se ejecutan cada año en España. Ha asegurado que Madrid está lejos de encabezar esa estadística y ha señalado que Cataluña concentra uno de cada cinco.
La dirigente popular ha criticado el clima generado en torno al caso en los últimos dos días, al que se ha referido como una sucesión de «algaradas» y una «barra libre de demagogia». También ha advertido de que las protestas son más violentas desde principios de septiembre y ha augurado que seguirán por esa vía.
Se está viendo barra libre de demagogia
Ayuso ha acusado directamente a Sánchez de alentar las movilizaciones contra ella y de provocar disturbios en la calle, lo que, ha sostenido, alimenta un «clima de tensión totalitaria» que no favorece la inversión ni transmite seguridad.
Sus críticas se han extendido a la política de vivienda del Gobierno central. Ha reprochado al presidente que intente resolver con populismo problemas que, sin abordar la raíz, difícilmente tendrán solución, y ha cargado contra la ley de vivienda, que a su entender solo está consiguiendo que los precios sigan subiendo.
Las declaraciones llegan un día después de una de las movilizaciones más numerosas de la semana. El miércoles, tras conocerse el desahucio, unas 10.000 personas se concentraron en el distrito de Chamberí, frente al inmueble adquirido por la Comunidad de Madrid, para reclamar el «ático de Ayuso para Maricarmen».
No era la primera vez en pocos días que la presidenta se encontraba con la protesta de frente. El martes, durante su visita a la inauguración de la feria inmobiliaria The District, un grupo de activistas irrumpió en el recorrido lanzando bombas fétidas y octavillas contra el Gobierno autonómico y los fondos buitre.
La propia Ayuso respondió a la concentración de Chamberí la noche del miércoles, a su salida de una gala organizada en Brunete por la Fundación José Ramón de la Morena. Allí acusó al Sindicato de Inquilinas de acosarla, recordó que es una mujer que siempre ha vivido de alquiler y sugirió al colectivo que preguntara a la ministra de Vivienda qué está haciendo por las inquilinas.
Ante los empresarios madrileños, la presidenta cerró su intervención reivindicando el Estado de derecho, la seguridad jurídica y la ley y el orden como principios que, según defendió, garantizan el equilibrio necesario para la convivencia y la prosperidad.
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