El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso adquirió el ático del Paseo del General Martínez Campos el 14 de abril de 2026, pero los informes que esgrimen para justificar la compra están fechados en julio, tres meses después. La documentación previa se limita al acuerdo de confidencialidad, tasaciones, arras y la escritura firmada por el consejero delegado de Planifica Madrid.
La Comunidad de Madrid cerró la compra del ático del Paseo del General Martínez Campos el 14 de abril de 2026, aunque el contrato de arras se firmó el 27 de febrero de ese mismo año. La operación se realizó sin informar a la Asamblea regional y ahora el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso intenta justificarla con una batería de informes que, según la documentación publicada, llevan fecha de julio, tres meses después de la adquisición. Así lo recoge Público, que ha tenido acceso a los archivos.
El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, defendió este jueves en comparecencia pública la existencia de un expediente que avalaba la necesidad de la compra, pero los únicos documentos anteriores a la operación son el acuerdo de confidencialidad, los certificados de tasación, el contrato de arras penitenciales y la escritura de compraventa. Esta última lleva la firma del consejero delegado de Planifica Madrid, Pedro Corbalán Ruiz.
El primer informe, una memoria de arrendamiento redactada por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, está fechado el 2 de julio de 2026, 79 días después de que se materializara la compra. En ese escrito se argumenta la necesidad de incorporar al patrimonio autonómico un "inmueble institucional de carácter residencial" que disponga de "una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial o para las propias autoridades de la Comunidad de Madrid". El texto añade que se trata de "una práctica habitual a nivel estatal, autonómica o local" y subraya que "solo cuatro comunidades autónomas, entre ellas Madrid", carecen de vivienda institucional.
La memoria también señala que el inmueble "reúne las condiciones idóneas" para ejercer como vivienda oficial y contar con "espacios accesorios o complementarios en contextos de gestión de crisis". Este documento se elevó a la Consejería de Economía y Hacienda para que realizara los trámites del arrendamiento, que finalmente se firmó el 27 de julio de 2026.
El mismo 2 de julio, la Consejería de Hacienda emitió un informe en el que reconocía que "no constaba la entrada por registro" de la memoria anterior. Pese a ello, respondió con un informe técnico favorable y "exclusivamente" relativo a las características del inmueble, en el que se recalca su "carácter residencial" y se menciona el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM), que fija el "uso residencial" y la finalidad de "proporcionar alojamiento permanente a las personas".
La Abogacía General de la Comunidad de Madrid también emitió un escrito el 15 de julio de 2026 en el que alude a los artículos 2.1 y 3.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. La licencia del inmueble es únicamente residencial y las normas de la comunidad prohíben el uso de oficinas a partir de la segunda planta en los edificios del centro de la capital, como es el caso del barrio de Chamberí. La Consejería de Hacienda reconoce en otro de sus escritos que el "uso cualificado" es el residencial, y los certificados de la Abogacía del Estado inciden en la misma condición.
La versión oficial del Gobierno regional sostenía que el ático se utilizaría como oficina mientras se ejecutaban unas obras en la sede de la Puerta del Sol, pero ninguno de los documentos difundidos especifica para qué se quería comprar la vivienda ni cuáles eran las necesidades concretas que justificaban la operación. La documentación a la que ha tenido acceso este diario no incluye ninguna justificación previa a la firma del contrato de arras.
También te puede interesar
