El SERMAS envía documentos de 'Compromiso de Confidencialidad' a trabajadores de varios centros, con plazo de firma hasta el 31 de octubre. Los expertos dudan de su legalidad porque extienden el secreto a información administrativa y económica.
Los trabajadores de varios hospitales públicos de la Comunidad de Madrid están recibiendo un documento titulado 'Compromiso de Confidencialidad y Deber de Secreto' que el SERMAS les insta a firmar. Según publica Público, el texto no se limita a proteger los datos clínicos de los pacientes, sino que extiende la obligación de reserva a información administrativa, económica, técnica y estratégica de la organización.
El caso del Hospital Dr. Rodríguez Lafora es uno de los documentados. Un trabajador de este centro, que pide ser identificado como Pedro para evitar represalias, explica que a principios de agosto recibió por WhatsApp y correo corporativo el escrito, que debía firmar. El plazo otorgado finaliza el 31 de octubre. El documento advierte de que el incumplimiento puede acarrear responsabilidades disciplinarias, administrativas, civiles o penales.
La situación no es exclusiva de ese hospital. También han remitido documentos similares la Gerencia de Atención Primaria del SERMAS y el Hospital Universitario de Getafe. Aunque el formato varía, el contenido es coincidente en exigir confidencialidad sobre cualquier dato conocido en el desempeño de funciones.
Expertos en derecho administrativo consultados por este medio señalan que el documento del Rodríguez Lafora es el que más dudas plantea porque amplía la confidencialidad a todo tipo de información administrativa o económica sin delimitar su alcance. Añaden que la administración sanitaria no puede determinar de forma discrecional qué información es confidencial, ya que eso debe fijarse por ley o reglamento.
Extender el carácter confidencial a cualquier información, incluida genéricamente toda clase de información administrativa o económica —no solo clínica o asistencial—, podría desbordar la habilitación legal", advierten los expertos.
El Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud ya obliga a los trabajadores a mantener la reserva sobre la información de los centros y los usuarios. La controversia se produce dos días después de conocerse el caso del Hospital Universitario Ramón y Cajal, donde se modificó la clasificación de gravedad de 57 pacientes para alterar los datos de la lista de espera quirúrgica. La denuncia partió del cirujano Luis Alberto Martos. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, negó que se hayan maquillado los datos y la ministra de Sanidad, Mónica García, exigió explicaciones.
Los trabajadores afectados tienen de plazo hasta el 31 de octubre para firmar el documento. Quienes se nieguen se enfrentan a posibles consecuencias disciplinarias, según se recoge en el propio escrito.
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