Las dos mujeres que presentaron una querella contra Julio Iglesias acuden a seis mecanismos de Naciones Unidas ante el temor a represalias. Su despacho denuncia que la filtración de un vídeo de una declaración ante la Fiscalía comprometió su identidad.
Rebeca y Laura, las dos mujeres que la semana pasada presentaron una querella contra Julio Iglesias en la Audiencia Nacional por presuntos delitos sexuales y laborales, han decidido acudir a instancias internacionales. Su despacho, Women’s Link, ha trasladado el caso a seis mecanismos especiales de Naciones Unidas, según ha adelantado Noticias para Municipios.
La organización advierte de que la intimidad, la seguridad y los datos personales de las denunciantes ya se han visto comprometidos antes de que el proceso judicial avance. El detonante de este paso se sitúa en enero, cuando el digital Okdiario publicó un vídeo de la declaración de una de las querellantes ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El rostro aparecía pixelado, pero no así la voz, lo que anula de facto cualquier intento de resguardar su identidad.
Para las abogadas de Rebeca y Laura, ese episodio no es un incidente aislado, sino la prueba de que España no está en condiciones, o no tiene la voluntad, de proteger a quienes denuncian a un hombre con semejante poder económico y social.
La comunicación remitida a la ONU pide dos cosas concretas. Primero, que se solicite al Estado español que explique cómo va a garantizar una investigación «efectiva, independiente, imparcial, diligente y exhaustiva» de los hechos denunciados.
Segundo, que se recomienden medidas urgentes para proteger a las dos mujeres, a sus familias y a los testigos que figuran en la querella, con el objetivo de evitar intimidaciones, represalias o una revictimización que, advierten, también desincentivaría a otras víctimas a denunciar.
Las denunciantes consideran que están desprotegidas y temen represalias debido a la posición de poder del cantante español.
Women’s Link ha pedido explícitamente que el caso se aborde con perspectiva de género, atendiendo además a cómo se cruzan el género, la pobreza, la condición migratoria y la racialización en la vulnerabilidad de las denunciantes.
Las abogadas subrayan que sus clientas han manifestado «temor a represalias» y que la gravedad de los hechos, sumada a la posición de poder de Julio Iglesias y a la actual desprotección estatal, agrava esa vulnerabilidad tanto para las querellantes como para los testigos.
Los seis mecanismos a los que se ha dirigido la organización son la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas, y la Relatoría de trata de personas.
Se trata de una actuación para activar un mecanismo de presión política, no de acudir a un tribunal. No dicta resoluciones vinculantes, pero puede exigir explicaciones al Estado y hacer llamamientos públicos, sin necesidad de agotar antes la vía judicial, que sigue su curso en paralelo.
En ese frente judicial, el juez instructor de la querella ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie sobre si la Audiencia Nacional es o no el órgano competente para investigar el caso.
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