El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, comparece en la Asamblea para justificar la compra de un ático de lujo con dinero público y pide disculpas a la presidenta. La oposición denuncia contradicciones y ocultación de documentos clave sobre la operación.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, compareció este jueves 17 de septiembre en la Asamblea de Madrid para defender la compra de un ático de lujo en Chamberí por 6,3 millones de euros. Lo hizo a petición propia, según aseguró, después de casi dos meses sin dar explicaciones, y reclamó a los grupos de la oposición que pidan perdón a la presidenta Isabel Díaz Ayuso por las acusaciones vertidas sobre el llamado caso ático.
La información, avanzada por elsaltodiario.com, detalla que el consejero centró su intervención en los documentos que su departamento publicó en el Portal de Transparencia al terminar el pleno. En la memoria del expediente se justifica la compra para alojar a mandatarios extranjeros, sustituir dependencias de la Real Casa de Correos durante unas reformas y ofrecer alojamiento temporal a altos cargos, como ocurrió en la pandemia. Sin embargo, la adquisición se formalizó el 14 de abril y el documento con esas justificaciones tiene fecha del 2 de julio, dos meses y medio después.
¡Lo que ahora tienen que hacer es pedir perdón a la presidenta de Madrid!”, reclamó García Martín a los grupos de la oposición.
Fuentes conocedoras de la operación vinculadas al Gobierno de Ayuso han admitido a El Salto que los primeros contactos entre el Ejecutivo y la empresa pública Planifica Madrid fueron orales e informales, y que no existe ningún correo electrónico que documente ese momento inicial. Esas mismas fuentes no niegan que la cúpula de Sol sepa quién fue el alto cargo o funcionario que planteó por primera vez la necesidad de la compra, aunque no confirman su identidad.
El consejero delegado de Planifica, Pedro Corbalán, disponía de un poder notarial para efectuar compras con mínimas limitaciones, firmado por el número dos de Ayuso. La portavoz del PSOE, Mar Espinar, preguntó dos veces a García Martín por este asunto durante la comparecencia y no obtuvo respuesta.
Otros puntos que quedaron sin aclarar son por qué la primera respuesta oficial al diario El País, incluida en su exclusiva, afirmaba que la adquisición era para uso como despacho de la presidenta por las reformas en Sol, y no lo que figura en la memoria del expediente. Tampoco explicó por qué, si existía una necesidad, se decidió vender abruptamente el inmueble con el argumento de que el dinero iría para las víctimas de los incendios en la Sierra de Guadarrama.
El consejero no se pronunció sobre la coincidencia de que la compra se realizara en la calle Martínez Campos, la misma donde vive la madre de Ayuso y donde ella residió de joven. La operación supone un euro con cinco céntimos por cada residente adulto de la región, según los cálculos difundidos.
La oposición en la Asamblea mantiene abiertas las dudas sobre el proceso y exige la comparecencia de la presidenta. El Gobierno regional insiste en que la compra fue legal y en que los documentos publicados avalan su versión.
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